Rodríguez enchufó a un marmolista del PSOE como director de gestión forestal

El presidente socialista de la Diputación de Valencia, Jorge Rodríguez, detenido este miércoles por la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional en el marco de la Operación Alqueria por contrataciones irregulares en el seno de la empresa pública Divalterra enchufó a uno de los altos cargos investigados sin más preparación técnica que la de haber trabajado como marmolista.

Se trata de Manuel Carot Martínez, militante del PSOE valenciano al igual que Rodríguez, que fue puesto al frente de la Dirección de Regeneración de Zonas Verdes Urbanas para pasar después a la Dirección de Gestión Forestal y Medio Rural, encargada de las brigadas forestales y la que tiene a su cargo más personal (en torno a 600 brigadistas) y mayor presupuesto. 

En el sitio web de transparencia de Divalterra, antigua Imelsa, no figura, a diferencia de los que ocurre con el resto de directores de área, ningún currículum ni ningún título académico oficial sobre Manuel Carot. Cuando la Diputación valenciana anunció su nombramiento en noviembre fue presentado como «brigadista forestal». Sin embargo, según ha podido contrastar OKDIARIO, la principal ocupación que tuvo este militante del PSOE valenciano antes llegar a dicha empresa pública fue la de gerente de Mármoles y Granitos Laja SL.

Se da la circunstancia de que, tal y como denunció el consejero de Ciudadanos en Divalterra, Jorge Ochando, el pasado abril ante la Fiscalía anticorrupción de Valencia, tanto Manuel Carot como los otros 6 altos cargos fueron contratados por la Diputación con relación laboral de Alta Dirección «apartándose intencionadamente de los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad» que exige el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público (TRLEBEP).

En el sitio web de transparencia de Divalterra no figura ningún currículum ni ningún título académico oficial sobre Manuel Carot

El partido de Albert Rivera señaló a la Fiscalía anticorrupción que «a partir de un comportamiento injusto se quiso eludir todos los principios rectores de acceso al empleo público para intencionadamente elegir a aquellos que la gerencia decida por ser militantes de su partidos políticos, evitando con ellos la convocatoria pública de la plaza (basta ver los currículum de los contratados para darse cuenta que la mayoría difícilmente pasaría la primera fase de un concurso público en relación con los puestos que ocupan), y que accedan a los puestos los mejores candidatos».

La UDEF entró ayer en los despachos de la Diputación de València y de la empresa pública Divalterra para buscar contratos de alta dirección, y arrestó -aunque sin orden de detención judicial- tanto a Rodríguez, como a otras cinco personas, entre ellas su jefe de gabinete, Ricard Gallego; los actuales cogerentes de Divalterra Xavier Simón y Agustina Brines; un asesor de Presidencia y el letrado de Presidencia.

Entre esos contratos de alta dirección se encuentran los de 7 directores de área que ingresaron en la entidad vía libre designación en noviembre de 2015. Tres de ellos eran militantes del PSOE (el citado Manuel Carot, Salvador Femenia, alcalde socialista de Alqueria, y Miguel Ángel Ferri) y cuatro de Compromís (Josep Melero, Pau Perez, María Soledad Torija y Raúl Ibáñez).

Prevaricación

Cuando Ciudadanos acudió a la Fiscalía el pasado abril, el Ministerio Público ya había adoptado otras diligencias previas que le llevaron después a interponer una denuncia en el mes de mayo. A Jorge Rodríguez, presidente socialista de la Diputación de Valencia se le acusa de los presuntos delitos de prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos. Aunque la causa ha sido declarada secreta ha trascendido que se investigan irregularidades en esa contratación de personal de alta dirección en Divalterra, antigua Imelsa, en 2015.

El escrito de Ciudadanos también señala que cada uno de estos altos cargos cobra un salario anual de 50.000 euros más gastos de desplazamiento, comportando un coste de 75.000 euros al año, y que se eleva a dos millones y medio de euros si se tiene en cuenta el periodo 2015-2019 de la presente legislatura. Los investigadores tratarán ahora de esclarecer si hubo desvío de ese dinero que percibían los altos cargos a la financiación de PSOE y Compromís.

En cuanto al cogerente Xavier Simón, también militante del PSOE y exalcalde de l’Alcúdia de Crespins, no tiene completados ni los estudios de bachiller, pero ello tampoco fue inconveniente alguno para que fuera contratado en 2015 como «coordinador de asesores» adscrito a Presidencia. En este caso, como personal eventual. Y en 2017 el Consejo de Administración de Divalterra lo nombró cogerente.